España tiene una economía de dos velocidades con un alto nivel de desempleo ¿Ayudará la ayuda europea a las partes que la necesitan?

Linares, una ciudad densa y compacta de 58.000 habitantes, cerca de la puerta de entrada a Andalucía desde la meseta central de España, ha sido sucesivamente un centro de extracción de plomo, un nudo ferroviario y la sede de una gran fábrica de jeeps Santana. Hoy es conocida por tener la tasa de paro más alta de España, un 33%.

La fábrica Santana, con más de 2.000 puestos de trabajo en su época de esplendor, cerró en 2011. Unos grandes almacenes del Corte Inglés cerraron en marzo y permanecen en la plaza mayor, carcomidos como un diente podrido. «Llevo meses buscando trabajo», dice Carlos Márquez, de 21 años, que perdió su empleo anterior a la pandemia vendiendo teléfonos móviles en un hipermercado. «En Linares no hay nada. Tendría que ir a otro sitio».

La fama de la ciudad es exagerada, insiste Raúl Caro-Accino, el alcalde. Señala que hay empresas tecnológicas en los polígonos industriales de la periferia, y que se van a crear más. El desempleo está en línea con el de otros lugares del sur y el oeste de España, insiste el alcalde. «Tenemos un problema de mano de obra no cualificada», admite. Esto es válido para gran parte del país.

El problema de España con el empleo

España ha destacado durante mucho tiempo en Europa por su elevado desempleo crónico, especialmente entre los jóvenes, y por el alto porcentaje de trabajadores con contratos temporales (actualmente el 25% de todos los que tienen empleo). La caída provocada por la crisis financiera de 2007-09 hizo que millones de personas se sumaran al paro, aunque le siguió una fuerte recuperación. Una vez más, la pandemia ha golpeado la economía española con más fuerza que las de sus vecinos europeos, sobre todo por su fuerte dependencia del turismo y de las pequeñas empresas vulnerables. La recuperación ya está en marcha. Sin embargo, es probable que sólo la mitad del número de turistas extranjeros que visitaron el país en 2019 vengan este verano.

Hay dos puntos positivos. A diferencia de 2007-09, el gobierno ha estado proporcionando apoyo de emergencia: garantías de crédito para las empresas y un plan de despido financiado por el Estado que en su punto máximo el año pasado pagó la mayor parte de los salarios de 3,4 millones de trabajadores. Sólo 360.000 siguen necesitando esta ayuda; el resto han vuelto a sus puestos de trabajo. «Es la primera recesión en la que el empleo y los ingresos fiscales han caído menos que la caída del PIB», dice Nadia Calviño, la ministra de Economía.

La ayuda de la UE a España

El segundo impulso es que en los próximos tres años España va a recibir 70.000 millones de euros (83.000 millones de dólares) en subvenciones del plan de recuperación de nueva generación de la UE, junto con una cantidad similar de préstamos blandos. Gran parte de esta cantidad se destinará a grandes proyectos destinados a crear una economía más ecológica y digital, como uno para coches eléctricos y una fábrica de baterías. Pero también habrá mucho dinero para revisar la administración pública y la formación profesional, y para políticas activas del mercado laboral que ayuden a los desempleados a encontrar trabajo. Es una oportunidad inmejorable para atajar el paro crónico de España.

La ayuda está vinculada a las reformas, especialmente del mercado laboral y de las pensiones. Y en estas cuestiones el Gobierno de coalición de izquierdas de Pedro Sánchez está dividido. La Comisión Europea considera que España debe flexibilizar su mercado laboral y luchar contra el abuso de los contratos temporales. Pero Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo elegida por Podemos, el socio de extrema izquierda de la coalición, quiere derogar una reforma de 2012 que introdujo cierta flexibilidad, dando prioridad a los acuerdos salariales a nivel de empresa sobre los de ámbito sectorial y recortando las indemnizaciones por despido, aunque a niveles todavía generosos.

Este compromiso cuenta con el respaldo de los sindicatos y está en el acuerdo de coalición entre los socialistas de Sánchez y Podemos. Díaz también quiere suprimir los contratos temporales. «Estas propuestas conducirían al régimen laboral más restrictivo y rígido» de Europa, dice Marcel Jansen, de Fedea, un grupo de reflexión. «Corren el riesgo de destruir puestos de trabajo en lugar de crearlos».

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Los convenios laborales

Calviño, ex directora de Presupuestos de la Comisión Europea, lidera el ala reformista del Gobierno. Afirma que España necesita un conjunto de medidas que equilibren la flexibilidad y el control de los contratos temporales. Espera acordarlas a finales de este año en conversaciones con los sindicatos y las empresas. En una remodelación de julio se convirtió en vicepresidenta primera del Gobierno. Dado que la UE puede cortar los fondos si no se aprueban las reformas constructivas, es probable que se imponga a Díaz, aunque no totalmente. Los sindicatos también tienen influencia. Un punto fuerte de los socialistas es que, a diferencia de otros partidos socialdemócratas, han conservado una base obrera. «Es muy difícil para un gobierno con una mayoría débil acordar reformas que cumplan con la agenda europea», señala Jansen.

La educación

La formación y la educación también necesitan un cambio radical. Un tercio de los jóvenes españoles abandona la escuela sin ninguna cualificación, mientras que sólo una cuarta parte de los que terminan la escuela acceden a la formación profesional, frente a la mitad en Alemania, señala Manuel Pérez-Sala, del Círculo de Empresarios. Gran parte de los 6.000 millones de euros anuales que España gasta en ayudar a la gente a encontrar trabajo se desperdicia. Bajo la presión europea, el Gobierno ha restablecido recientemente la política de vincular la financiación de la formación a los resultados. Las nuevas leyes sobre educación y formación pueden ayudar, si se aplican plenamente.

Otra duda es sobre cómo se administra el dinero de la UE. La oposición se queja de que el control está centralizado en la Moncloa, el complejo del primer ministro. Los gobiernos regionales quieren su parte. «Creo que han entendido que se trata de un plan nacional coordinado», dice Calviño. España suele tardar mucho en gastar los fondos estructurales de la UE. En Linares, el alcalde es escéptico. «Necesitamos una estructura administrativa más flexible», dice. «La provincia está frustrada porque se le prometieron cosas que no se cumplieron». Al final, la prueba de los esfuerzos de la UE se medirá no sólo en una economía más verde, sino en si lugares como Linares tienen una mano de obra más productiva.

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